Nos levantábamos esta semana con una nueva acción de protesta en la red de metro de Madrid, en esta ocasión era por la noticia de que el acceso y el funcionamiento al suburbano se iba a reducir en pos de la reducción de costes y el supuesto ahorro que supone para las maltrechas arcas públicas. No entramos a valorar esta acción fruto del hartazgo generalizado, pero demuestra que el transporte público en la Comunidad de Madrid se está convirtiendo “casi” en un artículo de lujo, algo desde cualquier punto inaudito.
Por estos motivos, en el pasado pleno de mayo, esta formación política quiso proponer a nuestro equipo de gobierno municipal que manifestar el más profundo rechazo a la subida de tarifas de la red de transporte público madrileño, que solicitara a la Comunidad de Madrid y al Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la retirada de la subida de las tarifas y que se diera traslado de esta moción a la Presidente de la Comunidad de Madrid y al Presidente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
La concejala de movilidad, Olivia García Moyano, expresó su desacuerdo con la moción y alegó para ello el aumento de los costes del servicio, que evidentemente, a la vista de los hechos, tienen la obligación de pagar los ciudadanos de Madrid. Todos con sus impuestos y además los usuarios por… porque son los que tienen las rentas más altas, porque son los que disfrutan de las viviendas más cercanas a sus puestos de trabajo, porque son los que disponen de otro medio de transporte alternativo pero se empeñan en ir en transporte público una y otra vez.
Ante la falta de argumentos de la concejala, el portavoz de IU,Juan Miguel Belmonte, puso el dedo en la llaga al rebatirla diciendo al equipo de gobierno municipal que esta subida del precio del transporte público madrileño “lo quieren vender como una decisión técnica cuando es ideológica”, una realidad sobre la que coinciden numerosas voces que señalan como al amparo de la crisis, el gobierno popular está dinamitando nuestro maltrecho “estado del bienestar” y la economía del ciudadano medio.
Y puestos a hablar de dinero y también con la Concejala Delegada del área de Movilidad y Transportes y Fomento del Empleo, Olivia García Moyano, el portavoz de IU quiso saber si dadas las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el PP de Boadilla del Monte, la situación de esta concejala estaba siendo tenida en cuenta por la corporación municipal.
Para los que no conozcan o no recuerden el tema, 16 ex-concejales del PP de Boadilla del Monte, entre los que figura nuestra concejala de Transportes, Movilidad y Empleo, han sido recientemente condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a devolver 100.500€ inicialmente asignados al grupo municipal, de los que 96.000€ deben, al parecer, pagar los concejales del equipo de gobierno existente en el municipio en la época de la trama Gürtel, y que es motivo de la investigación judicial. Una de estas personas es nuestra actual concejala de Movilidad, Transporte y Empleo.
Fue directamente el alcalde quien quiso contestar al portavoz de IU en el ayuntamiento señalando que “estamos a lo que digan los servicios jurídicos” y añadiendo que “por el momento” no se contempla ni la dimisión, ni la renuncia, ni la expulsión de dicha concejala del equipo de gobierno de Villaviciosa de Odón.
Queda claro que sí, siempre pagamos los mismos, los usuarios del transporte público… pagan las subidas; los políticos condenados por los tribunales… “no sabe, no contesta”. ¿Le quedaba a alguien algún atisbo de duda?
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